La práctica ilegal y un poder de policía insuficiente están profundizando la pérdida del bosque nativo en Córdoba, lo cual tendrá impacto en el hábitat de las personas y el cuidado del ambiente.

«Chaco Boreal Paraguay». Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 via Wikimedia Commons

Dentro del fárrago de informaciones que recibe a diario la ciudadanía, sacudida sin duda por graves hechos que afectan la condición humana y la marcha de los asuntos políticos y económicos, las referidas a la pérdida del bosque nativo en Córdoba pasan prácticamente inadvertidas. Sin embargo, su importancia es tanta como la de aquellos hechos que conmocionan a la audiencia, ya que la pérdida de miles de hectáreas naturales termina por modificar el hábitat en que se desenvuelve el hombre.

La Tierra está sufriendo graves transformaciones por la acción de los gases contaminantes y la polución en sus diferentes formas. A ello se suma, en la Argentina, la destrucción de aquel ambiente que permite que un organismo humano, una especie o comunidad animal o vegetal viva en condiciones apropiadas. En ese sentido, el bosque, además de proteger la flora y fauna, es vital para regular los recursos hídricos y el clima.

Por ello, debe leerse con suma atención el dato de que durante julio desaparecieron en esta provincia 1.228 hectáreas de bosque nativo, según el informe mensual de la ONG Guyra Paraguay, que monitorea toda la región del Chaco americano a través de imágenes satelitales. El desmonte está asociado a la actividad agropecuaria en el norte y noroeste de la provincia y al desarrollo urbano en las Sierras Chicas.

Si bien la cifra es inferior a la de junio, no debe dejar de ser una alerta para las autoridades, pues la pérdida del hábitat natural se produce en el marco de la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (número 9.814) y de la ley 9.219, de 2005, que prohibió la deforestación total por una década.

El detalle de los desmontes detectados en julio indica que en el departamento San Alberto se eliminaron 334,3 hectáreas. Le siguieron Río Seco (322,7), Cruz del Eje (307,5), Tulumba (116,1), Totoral (70,6), Río Primero (55,2) y San Javier (22,4 hectáreas).

Los objetivos de ambas normas, considerados insuficientes por los ambientalistas, siguen, sin embargo, siendo letra muerta ante la realidad de quienes prefieren destruir el bosque nativo para avanzar en sus proyectos agrícolas o de desarrollo urbano, más rentables que el castigo que correspondería por el daño causado.

La situación, incluso, parece agravarse durante los fines de semana largos, cuando se observa en bosques y serranías el uso intensivo de topadoras. Los agentes de control no suelen actuar durante los días feriados, lo que facilita el accionar de estos delincuentes del ambiente.

Este panorama debe obligar a una seria reflexión por parte de la sociedad en general y de las autoridades, a quienes se les exige una acción permanente, eficiente y severa para proteger el ambiente en el que desarrollamos nuestras vidas. Nuestro peor legado a las próximas generaciones sería una tierra destruida y arrasada.

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